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  1. 14 de mar. de 2024 · La práctica de la pena de muerte contradice el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es cada vez mayor el consenso acerca de la abolición universal de la pena de muerte.

  2. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.

  3. La pena de muerte, pena capital, ejecución, o ajusticiamiento, [1] consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Debe distinguirse de las ejecuciones extrajudiciales, ya que éstas son realizadas sin el debido proceso legal. [2]

  4. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte y lucha por su abolición en todos los países. En 2022 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, que significaron un aumento del 53% con respecto a las cifras de 2021 y la ...

  5. ¿Previene la pena de muerte la delincuencia? ¿Ofrece justicia a las víctimas? ¿Existe una forma humana de ejecutar? Conoce toda la información sobre la pena de muerte a través de las 10 preguntas más frecuentes de Amnistía sobre la pena capital. 1. ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la pena de muerte?

  6. Cada vez son más numerosos los Estados Miembros de todas las regiones que reconocen que la pena de muerte socava la dignidad humana y que su abolición, o al menos una moratoria sobre su aplicación, contribuye a potenciar el desarrollo gradual de los derechos humanos.

  7. 24 de may. de 2022 · Mayo 24, 2022. La pena de muerte en 2021: Datos y cifras. Cifras globales. En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020.

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